El Organismo Judicial (OJ) de Guatemala y la Coordinación Maya Waqib’Kej presentaron hoy el documento «La consulta previa libre e informada en la jurisprudencia guatemalteca» para promover entre jueces y magistrados información histórica y práctica de las consultas realizadas por los pueblos indígenas.
Guatemala, 25 oct (EFE).- El Organismo Judicial (OJ) de Guatemala y la Coordinación Maya Waqib’Kej presentaron hoy el documento «La consulta previa libre e informada en la jurisprudencia guatemalteca» para promover entre jueces y magistrados información histórica y práctica de las consultas realizadas por los pueblos indígenas.
La autora del libro, la abogada indígena Lucía Xiloj, recordó que a pesar de que han pasado 20 años desde que Guatemala aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual sentaba las bases para realizar consultas a los pueblos sobre el uso del territorio, «estas se han realizado sin una reglamentación».
El equipo que trabajó en la investigación recopiló «más de 30 sentencias emitidas por jueces de instancia, Salas de Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Constitucionalidad (CC-máximo tribunal)» y 9 de estas fueron publicadas en el material.
La autora relata cómo la consulta ha sido un «principio ancestral de los pueblos», pues se realizaba antes de la aprobación del Convenio, mucho antes, de hecho, según lo refirió Xiloj, pues en el libro sagrado de los mayas, el Popol Wuj «ya lo relataba, en conversaciones entre Tepeu y Gukumatz (dos deidades)»
Para efectos prácticos, dice Lucía Xiloj, «buscamos que los jueces comprendan la consulta», que «no puede ser negada por el Estado», el cual ha aprobado proyectos sin realizar ninguna de estas.
Xiloj explicó a Efe que son «los pueblos» los que deben «validar las decisiones» y expuso que ni siquiera eso se cumplió con la guía para la correcta aplicación del Convenio 169 que elaboró el Ministerio de Trabajo, la cual debe ser refrendada por acuerdo presidencial, pues «no se consultó a los pueblos para su elaboración».
De hecho, apuntó la abogada, «en 2009 ya el Gobierno que dirigía Álvaro Colom (2008-2012) intentó algo similar, pero el Constitucional lo rechazó por no haber incluido a las comunidades indígenas».
Para el activista integrante de Ajquemab y Waqib’kej, José Mario López, hacer una consulta es defender el territorio, «donde hay vida y donde vivimos y practicamos nuestra cultura y cosmovisión», por lo cual, expone, «se nos criminaliza».
Pero López asegura que la defensa es «por el daño a la madre tierra, el cual se da con desvío de ríos, instauración de monocultivos, con la industria extractiva y las hidroeléctricas que no respetan la naturaleza», actividades promovidas «sin ninguna consulta a los pueblos».
También se les criminaliza, continúa, «por no estar de acuerdo con el modelo extractivista, que no conoce límites; entonces no va a quedar nada».
A ello se une el exalcalde de los 48 cantones de Totonicapán, José Santos Sapón, quien asegura que los jueces «son los catalizadores de las democracias y derechos humanos», quienes debieran, dijo, «proteger el derecho de consulta» para que haya «más democracia».
Santos encuentra «vergonzoso» que a estas alturas haya juicios en los cuales los pueblos indígenas tengan que «pedir el derecho de consulta».
«Me gustaría inundar el OJ y a las universidades de esta lectura y que sea obligatoria, como Memoria del Silencio -de la Comisión de Naciones Unidas para el Esclarecimiento Histórico- y Guatemala Nunca Más -del Arzobispado de Guatemala-«.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas del OJ, Santos Ajbochol, manifestó que la publicación «es la respuesta» del Organismo Judicial «a la política nacional de pueblos indígenas a la que se comprometieron los tres poderes» que «no han cumplido con su parte».
La consulta «no es antojadiza», pronunció, sino «una obligación del Estado y la forma de constituir un estado de derecho», pues hacer una consulta «no debería provocar polémica», pero es algo «inevitable» entre los grupos que buscan «mantener un statu quo de las cosas».
Finalmente, luego de inaugurar la actividad y cerrarla con una oración en idioma q’anjob’al, el guía espiritual y autoridad ancestral, Rigoberto Juárez, manifestó la «necesidad latente» de que «como mayas y pueblos originarios defendamos este documento», el cual es «apenas una muestra de todos los esfuerzos que hemos hecho». EFE.
FUENTE: W RADIO
Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indigenas 